NUEVA YORK, NY.- El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, regresan este jueves al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York para una segunda audiencia tras su captura en enero, como parte de un proceso que se prevé largo y tortuoso y en el que sus abogados denuncian el “bloqueo ilegal” de los fondos venezolanos precisos para pagar su minuta, lo que privaría a la pareja de elegir libremente a sus letrados.
Maduro y Flores comparecen ante el veterano juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, acusados de cuatro cargos de narcoterrorismo y posesión de armas de los que ya se declararon “no culpables” en la primera audiencia, en enero. En la vista oral de este jueves —prevista inicialmente para el pasado día 17— se espera que se empiece a debatir la validez de las pruebas sobre las que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha fundamentado el caso, pero también se definan las líneas y alegatos de los abogados.
La audiencia es clave para determinar si el juez Hellerstein acepta las peticiones de la defensa y la fiscalía o si el calendario procesal sigue su curso hacia un juicio que los expertos pronostican que no empezará hasta dentro de uno o dos años, cuando el juez tendría 94 años. Según The New York Times, el magistrado fue visto quedándose dormido durante una vista el año pasado, lo que suscita dudas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica. Uno de los nudos gordianos será si se puede juzgar a un mandatario sacado por la fuerza de su país, es decir, si a Maduro le asiste o no la legalidad internacional.
La defensa presentó el jueves una nueva moción ante el tribunal en la que insiste en que se desestimen los cargos de narcoterrorismo y cuestionan directamente los argumentos del Gobierno de EE UU. Maduro y Flores alegan no tener recursos propios para pagar su defensa privada y denuncian que se les impide usar fondos del Estado venezolano al no ser reconocido ya como jefe de Estado.
La moción, firmada por Barry Pollack, representante legal de Maduro, y Mark Donnelly, abogado de Flores, sostiene que el bloqueo de fondos impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE UU, que el 9 de febrero revocó una licencia inicial para liberar el pago, vulnera la Sexta enmienda de la Constitución de EE UU, y ello “interfiere directamente con el derecho de la pareja a elegir al abogado de su preferencia”. “El Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro”, insiste Pollack.
Además, el caso dio una nueva vuelta de tuerca el lunes, cuando el Gobierno de Estados Unidos, a través del fiscal encargado del caso, Jay Clayton, pidió al juez Hellerstein una orden de protección, o confidencialidad, sobre el material probatorio para que no comparta con la defensa algunas evidencias. Los abogados de Maduro y Flores la aceptaron en su mayor parte… excepto un párrafo clave: el número 13, que les impide compartir las pruebas con los otros cuatro coacusados en el caso, todos prófugos de la justicia estadounidense. Se trata del ministro del Interior, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra —hijo del presidente— y Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.
Con información de El País
