Washington ha asestado este miércoles un golpe inédito en la siempre tensa relación con México. El Departamento de Estado ha acusado formalmente al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de trabajar con el grupo de Los Chapitos, los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, facilitándoles el envío de drogas a EE UU y dejándolos nombrar a altos cargos de su Gobierno después de que estos le ayudaran a ganar su elección en 2021. Pero Rocha Moya solo es el rostro más visible.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York también ha apuntado a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del Estado norteño por presuntamente conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para exportar grandes cantidades de narcóticos al otro lado de la frontera a cambio de sobornos. La justicia norteamericana pide una sentencia categórica para todos los implicados: de 40 años a cadena perpetua.
De acuerdo con el escrito de acusación, Estados Unidos ha presentado al Gobierno sinaloense como una extensión operativa del grupo criminal liderado históricamente por El Chapo y El Mayo Zambada, ambos en prisión en EE UU. Los seguidores de los dos criminales se encuentran en medio de una guerra fratricida sangrienta. Estos son los funcionarios y agentes acusados por Washington.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
El mandatario salió de las tripas de los movimientos de la izquierda democrática en los años ochenta. Fue tres veces candidato para gobernar su Estado hasta que logró el triunfo en 2021 de la mano de Morena, el partido creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de asumir el puesto de gobernador, fue senador con la misma formación.
Estados Unidos lo acusa de ganar la elección con el apoyo de Los Chapitos. Para lograrlo, según el escrito del Departamento de Estado, los narcotraficantes secuestraron e intimidaron “a los candidatos de la oposición”. Este grupo del Cartel de Sinaloa, como recompensa, pudo operar con todas las facilidades del Gobierno estatal. Además, Rocha Moya mantuvo múltiples reuniones con ellos como candidato y como gobernador.
Enrique Inzunza Cázarez, senador con Morena
Es senador de la República de Morena por Sinaloa. Antes de eso tuvo una importante carrera en el poder judicial. Fue magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado norteño entre 2016 y 2021. Después fue nombrado secretario de Gobierno de Rocha Moya. Tres años después dio el salto a la Cámara Alta, en 2024.
El Departamento de Justicia lo señala por presuntamente reunirse, al igual que su exjefe, con Los Chapitos “y otros líderes del Cartel”. También asegura que acordó “planes específicos” para que el Gobierno del morenista apoyara y protegiera a los criminales.
Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán
Es imposible desconectar la carrera política de Juan de Dios Gámez de la figura de su padrino, el gobernador Rocha Moya. Se inició como funcionario en distintos cargos menores dentro del aparato burocrático del Gobierno sinaloense en los 2000. Dio el salto a Ciudad de México en 2018 para ser asesor del mandatario estatal cuando fue senador.
El Congreso del Estado lo nombró alcalde de la capital y ciudad más poblada de Sinaloa en 2022 para sustituir a Jesús Estrada Ferreiro. Su antecesor, también de Morena, fue separado del cargo, salpicado por corrupción y declaraciones misóginas. El escrito de acusación señala a Gámez por permitir al Cartel operar “sin interferencia del Gobierno” y por dejar trabajar sin contratiempos a Los Chapitos dentro del municipio.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa
Fue secretario de Finanzas del gobernador de 2021 a 2024, cuando renunció por motivos personales. Antes de saltar a la política, trabajó en el sector privado como un empresario ligado a los sectores inmobiliarios y de la construcción. La justicia norteamericana afirma que durante la campaña a la gubernatura entregó a los narcotraficantes “los nombres y direcciones de los oponentes” de Rocha Moya para que los “pudieran amenazar y obligar” a retirarse de la elección.
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa
Castro Zaavedra ha trabajado a distintos niveles dentro de la Fiscalía en Sinaloa. Ha sido el número dos de la institución desde 2021. Los investigadores de Estados Unidos afirman que el abogado ha recibido sobornos mensuales de Los Chapitos por hasta 11.000 dólares. Esos pagos se tradujeron en la protección absoluta para los herederos de Guzmán Loera dentro del grupo criminal. “[El vicefiscal] les ha informado de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de los Estados Unidos”, según el documento hecho público este miércoles.
Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación
Fue el jefe del brazo policial de la Fiscalía estatal desde 2017 hasta 2022. Almanza, al igual que muchos otros, siempre según el escrito acusatorio, recibió sobornos y trabajó para que sus agentes debilitaran a los rivales de los hijos del Chapo en la región. “Libró órdenes de detención contra los enemigos de Los Chapitos cuando estos se lo solicitaron y permitió que se transportaran, a través de Sinaloa, cargamentos de productos químicos utilizados en la producción del fentanilo”, afirma el documento del Departamento de Estado.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York pone el índice sobre el expolicía por varios delitos. Entre ellos está la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y la conspiración para poseerlas. Además de conspirar para exportar drogas a EE UU.
Alberto Jorge Contreras, sucesor de Almanza en la Policía de Investigación
Conocido como El Cholo, sucedió a Almanza al frente de la Policía de Investigación a finales de 2022. Dejó el cargo cuatro años más tarde. Su función que le encomendó la facción ligada a Joaquín Guzmán Loera fue distinta a la de su antecesor. Los estadounidenses lo acusan de utilizar su cargo para dejar “en libertad a los miembros de los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas”.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
Fue el primer policía del Estado durante poco más de un año: entre septiembre de 2023 y su renuncia en diciembre de 2024, ahogado por la indignación social ante la crisis de seguridad en Sinaloa. Como cabeza de la Secretaría, se encargó de supervisar los operativos de la policía estatal y de nombrar a su director.
En el escrito del Departamento de Justicia se asegura que Mérida notificaba a los criminales cada vez que los agentes iban a realizar redadas en los laboratorios de droga para que estos pudieran mover de lugar los narcóticos y los equipos para su elaboración.
José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la policía estatal
Es conocido con el sobrenombre de Tornado. Estuvo en el cargo como el segundo al mando de la Policía Estatal, de 2017 a 2022. En dos ocasiones también fue comandante de ese cuerpo. La justicia norteamericana asegura que “permitió a Los Chapitos operar sin interferencias en su jurisdicción, colocó a otros agentes de policía que estaban en la nómina de Los Chapitos, o que de otro modo apoyaban a Los Chapitos, en puestos de poder dentro de la Policía Estatal”.
Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía de Culiacán
Fue comandante de la policía de Culiacán de 2018 a 2024. Estados Unidos asegura que Valenzuela “recibió sobornos mensuales de Los Chapitos para sí mismo, sus comandantes y más de 40 agentes de la policía municipal”. A cambio, este le concedió a los criminales “acceso ilimitado” a la institución y “los recursos de dicha fuerza policial” para ayudarlos a traficar droga.
Con información de EL PAÍS
