Culiacán, Sinaloa.- Debido a la alta incidencia de deudas alimenticias en Sinaloa, las y el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa que propone hasta 7 años de prisión para quien no cumpla sus obligaciones alimenticias.
Durante conferencia de prensa, Bernardino Antelo, Cordinador del Grupo Parlamentario detalló que la propuesta pretende reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal del Estado con el fin de imponer castigos más severos a las personas deudoras alimentarias.
Actualmente, quienes incumplen esta obligación pueden ser inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios y enfrentar restricciones administrativas, como la suspensión de licencias, pasaportes o candidaturas, pero sin sanciones penales directas.
“Queremos que además del castigo administrativo, también exista una consecuencia penal. Proponemos multas que van de 40 a 300 UMAS, entre 4 mil 500 y 34 mil pesos, y dependiendo de la gravedad del caso, penas que podrían ir de uno a siete años de prisión”, explicó Antelo Esper.
El coordinador del PRI destacó que esta medida busca homologarse con legislaciones de otros estados del país donde ya se han reducido los índices de deudores alimentarios gracias a la incorporación de sanciones penales. “La idea es cerrar la brecha de irresponsabilidad de quienes no cumplen con una obligación básica: garantizar el sustento de sus hijos”, enfatizó.
Antelo estuvo acompañado por las diputadas Paola Gárate y Alma Irma Moreno, quienes respaldaron la iniciativa y coincidieron en que la falta de cumplimiento con la pensión alimenticia representa un acto de violencia económica que deja en situación de vulnerabilidad a miles de menores en Sinaloa.
Con información de OEM
