Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Federación tendrá una amplia reconfiguración luego de que 43 magistrados, jueces y secretarios en funciones fueran reasignados en un solo movimiento, con cambios que alcanzan 18 estados y que, en algunos casos, obligarán a los juzgadores a modificar también su lugar de residencia.
El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordó las modificaciones el pasado 9 de septiembre y estableció que comenzarán a aplicarse entre el 15 y el 17 de septiembre.
Los movimientos comprenden a seis magistrados y 37 jueces de distrito. Entre estos últimos se encuentran 27 jueces y 10 secretarios que ocupaban temporalmente plazas de titulares.
Ninguno de los juzgadores reasignados llegó al cargo mediante la elección popular. Todos pertenecen a la carrera judicial y las plazas que ocupan no serán sometidas a votación sino hasta 2028.
Las readscripciones tienen entre sus propósitos cubrir plazas vacantes, sustituir a juzgadores suspendidos mientras enfrentan investigaciones administrativas y atender dos licencias de maternidad. En los casos de funcionarios suspendidos sujetos a procedimientos administrativos por presuntas irregularidades, las nuevas designaciones únicamente tendrán efectos si su situación legal les permite regresar a sus funciones.
Entre los traslados destaca el de Arturo García Gil, Juez Segundo de Distrito del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, ubicado en la Ciudad de México, quien fue designado temporalmente como juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California.
Su plaza será ocupada también de manera temporal por Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de Puebla.
Otro de los movimientos involucra a Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien fue enviado al Centro de Justicia de la capital de Chihuahua. Su lugar será ocupado por Jesús Eduardo Vázquez Rea, procedente del Centro de Justicia del Reclusorio Oriente.
En la Ciudad de México, la Magistrada Rosa González Valdés fue trasladada del Segundo al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, donde ocupará la plaza que tenía la secretaria en funciones de Magistrada Hortencia González Ruiz.
El Magistrado Refugio Ortega Marín, por su parte, fue readscrito del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México al Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia en Guanajuato, para ocupar una plaza que tenía la secretaria en funciones de Magistrada Mónica Ivone Padilla Mares. En el lugar de Ortega fue designado el secretario en funciones de Magistrado Luis Carlos Muñoz Gutiérrez.
Los cambios abarcan magistrados de circuito de diferentes materias, jueces de distrito mixtos, de Ejecución de Penas y de control de los Centros de Justicia Penal, además de integrantes del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
La magnitud de las readscripciones contrasta con 2019, cuando el entonces Consejo de la Judicatura Federal realizó 86 cambios de adscripción de jueces y magistrados a lo largo de todo el año, frente a los 43 ordenados ahora de una sola vez.
De todos los movimientos, únicamente dos corresponden a sustituciones por licencias de maternidad. Dayna Yicela Villegas Beltrán fue designada nueva secretaria en funciones de Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Baja California, en sustitución de la Magistrada Anna Priscila Valencia Ortega.
Asimismo, José Manuel del Río Sánchez, también secretario en funciones, cubrirá la ausencia de la Magistrada Juno Hera Andrómeda Galindo Juárez en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México. Valencia Ortega y Galindo Juárez llegaron a sus cargos mediante voto popular, pero no fueron readscritas.
La Asociación de Magistrados y Jueces (JUFED) calificó el movimiento como una decisión arbitraria y exigió al OAJ hacer públicos los criterios utilizados para determinar las reasignaciones. Además, sostuvo que se trata de un mecanismo de presión que busca generar zozobra y afectar principalmente a los juzgadores de carrera judicial.
Con información de Sonora Presente
