Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que exenta del pago de arrastre, corralón o pensión y gastos de acceso a información a las personas víctimas de robo de vehículos en Sinaloa, cuando sus unidades sean recuperadas.
El dictamen fue avalado con 39 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Al no presentarse reservas en lo particular, el Congreso lo declaró aprobado y ordenó expedir el decreto correspondiente.
La reforma fue discutida a partir de distintas propuestas presentadas ante el Congreso, entre ellas una iniciativa ciudadana impulsada por integrantes del Consejo Intercamaral de Culiacán, organismo que desde marzo planteó eliminar cobros adicionales a las personas que lograran recuperar un vehículo robado.
Tras la aprobación del dictamen, el Consejo Intercamaral de Culiacán celebró el avance legislativo e informó que el pasado 27 de marzo presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa número 1682, orientada a brindar apoyo a las víctimas de este delito y evitar que enfrentaran cargas económicas adicionales durante el proceso de recuperación de su patrimonio.
En su posicionamiento, el organismo empresarial explicó que la iniciativa aprobada contempla la exención de tres conceptos principales: cuota de arrastre, cuota por corralón o pensión, y gastos por acceso a la información relacionada con la recuperación del vehículo.
El Consejo Intercamaral señaló que la medida representa un avance en favor de la ciudadanía, debido a que permitirá reducir los costos que enfrentan las víctimas al momento de recuperar sus unidades, y contribuirá a que el impacto económico derivado del delito no sea mayor.
Durante la discusión en el pleno, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense, señaló que el dictamen reconoce el derecho de las víctimas de robo de vehículo a ser exentadas del pago por servicios de guarda en depósitos, pensión de tránsito, arrastre y traslado cuando su unidad haya sido recuperada.
La legisladora expuso que el robo de vehículo genera un impacto negativo para las víctimas, tanto por la afectación patrimonial como por la violencia con la que se cometen muchos casos. También mencionó que, de acuerdo con el Consejo Intercamaral de Culiacán, el costo de las pólizas de seguros se ha incrementado en promedio 40% y hasta 200% en vehículos de alta gama.
“El robo de vehículo no termina en la pérdida del automóvil; para muchas familias significa endeudarse, realizar gastos imprevistos y largos trámites con aseguradoras, mientras que para las empresas implica retrasos en la logística, incumplimiento de contratos y pérdidas económicas”, señaló.
Por parte del PRI, la diputada Paola Gárate Valenzuela votó a favor del dictamen, pero advirtió que la reforma quedó incompleta, al señalar que solo se eliminan cobros por corralón, arrastre con grúa y búsqueda de información ante autoridades foráneas, pero quedan fuera otros pagos derivados del mismo delito.
La legisladora priista cuestionó que las víctimas todavía tengan que cubrir trámites como reposición de licencia, placas, tarjeta de circulación o baja definitiva del registro cuando el vehículo no se recupera.
“Y lo decimos sin ambigüedades, es un avance, pero también lo decimos sin eufemismos, es un avance insuficiente”, expresó Gárate Valenzuela durante su intervención en tribuna.
A nombre de Morena, el diputado Hólincer Castro Marañóna defendió el dictamen al señalar que una persona víctima de robo de vehículo no solo pierde temporalmente un bien patrimonial, sino en muchos casos su herramienta de trabajo, su medio para llevar a sus hijas e hijos a la escuela, trasladarse al empleo o sostener la economía familiar.
En el posicionamiento de Morena se expuso que, de acuerdo con cifras incorporadas al análisis legislativo, en 2025 se registraron 6 mil 931 robos de vehículos en Sinaloa, con un promedio diario de 19.15 unidades robadas. También se indicó que, al mes de mayo, el promedio diario se ubicó en 6.16 vehículos robados.
También se señaló que los gastos por arrastre y almacenamiento pueden rondar entre 6 mil y 12 mil pesos o incluso más, cantidades que para muchas familias significan elegir entre recuperar su patrimonio o atender necesidades básicas.
La reforma adiciona una fracción al artículo 67 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, para reconocer esta exención como una medida de restitución. También adiciona el artículo 48 Bis de la Ley de Hacienda del Estado, para establecer que las personas víctimas de robo vehicular queden exentas de estos derechos.
Con información de OEM
