Culiacán, Sinaloa.- Tras el retiro de las iniciativas legislativas que pretendían regular la violencia digital y la violencia de género, organismos civiles celebraron que Sinaloa haya evitado un posible atentado contra la libertad de expresión.
Según Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, la decisión del Congreso de desechar ambos proyectos frenó el riesgo de que las leyes propiciaran malos usos, como la censura de contenidos críticos y periodísticos.
“Sinaloa se detuvo a tiempo. Celebramos la prudencia de las diputadas promotoras, pero es importante señalar que impulsar estas iniciativas sin incorporar a la sociedad civil fue un error desde el inicio”, dijo.
La activista explicó que, aunque las propuestas tenían la intención de combatir la violencia de género y digital, el lenguaje ambiguo de algunos artículos pudo haber abierto la puerta a abusos, como eliminar contenido sin debido proceso. “Implicaba por completo una censura por sanción anticipada sin garantía de audiencia, lo que vulnera aún más el derecho a la libertad de expresión en línea”, advirtió.
León subrayó la necesidad de que el Congreso, ante futuras reformas, garantice procesos legislativos abiertos y participativos. “Es una invitación a que los temas de interés público sean abordados desde el origen con parlamento abierto y participación de especialistas, víctimas y colectivos”, señaló.
La propuesta buscaba tipificar el delito de violencia digital en el Código Penal de Sinaloa, sancionando con 2 a 5 años de prisión a quien, de forma dolosa y mediante tecnologías de la información, difunda o comparta contenido (imágenes, audios o videos) con el fin de difamar, denigrar o causar daño en cualquier ámbito de la vida de una persona.
Esta iniciativa ha generado polémica a nivel nacional, ya que reformas similares, como la llamada Ley de Ciberseguridad en Puebla, han sido señaladas por promover posibles actos de censura atribuidos a gobiernos de Morena.
Congreso de Sinaloa desecha iniciativas tras críticas de prensa y activistas
Las iniciativas polémicas fueron presentadas en mayo, después de un foro en donde se abordó la violencia de género. Logró llegar hasta la segunda lectura del dictamen, sin embargo por las quejas de activistas e integrantes de la prensa el proceso fue detenido.
Aunque la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa afirmó que el sentido de la propuesta no era el censurar a la prensa, las voces de periodistas y activistas siguieron señalando a los proyectos como instrumentos de censura.
Por ello, después de una reunión con diputados se tomó la decisión de desechar las iniciativas el 20 de junio. Esta plática también resultó en la apertura de los legisladores por organizar foros donde se discuta con expertos para elaborar estas iniciativas.
Tras esta decisión Sinaloa rompe con la línea legislativa encaminada en gobiernos morenistas como el de Puebla, en donde ya se aprobaron reformas de esta índole.
Incluso ha trascendido un caso de una ciudadana denunciada por criticar a Diana Karina Barreras, del PT, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
Con información de OEM
