Culiacán, Sinaloa.-La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción en Sinaloa, Lucía Mimiaga León, hizo un llamado urgente al Gobierno del Estado y al Congreso local para fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la aplicación del nuevo crédito por 2 mil 200 millones de pesos autorizado recientemente.
En conferencia de prensa, acompañada por integrantes del CPC, Carlos Corrales, Emmanuel Espinoza y Raquel Sapien, Mimiaga León dio a conocer un pronunciamiento aprobado en sesión extraordinaria, en el que se advierte sobre los riesgos de opacidad en los procesos de obra pública financiados con endeudamiento.
La presidenta del CPC subrayó que de acuerdo con organismos internacionales como Transparencia Internacional, las contrataciones públicas son una de las áreas más vulnerables a riesgos de corrupción, por lo que resulta indispensable garantizar una vigilancia social efectiva.
Entre los principales planteamientos, el Comité exhortó a la Secretaría de Administración y Finanzas y al Congreso del Estado a transparentar los estudios que acrediten la viabilidad financiera del nuevo endeudamiento, así como a dar a conocer el destino específico de los recursos, los criterios para la selección de proyectos y los análisis costo-beneficio, tal como lo establece la Ley de Disciplina Financiera.
“Los sinaloenses merecen estar informados de manera suficiente y oportuna sobre el uso de recursos públicos, especialmente cuando se trata de créditos que comprometen ingresos de años futuros”, enfatizó.
El CPC también recordó que, tras la autorización del crédito anterior en enero de 2025, por 2 mil 300 millones de pesos, solicitó integrarse a la comisión legislativa de vigilancia junto con organizaciones ciudadanas y académicas, petición que fue rechazada.
Ante ello, reiteraron al Congreso la solicitud de participar en la observancia de los más de 4 mil 500 millones de pesos aprobados este año para obra pública.
Asimismo, el Comité pidió abrir un diálogo social para reformar la Ley de Participación Ciudadana e incorporar mecanismos que permitan a la población incidir directamente en la definición de obras prioritarias, incluso mediante consultas o votaciones ciudadanas, como ocurre en otras entidades.
A las secretarías de Transparencia y Rendición de Cuentas y de Obras Públicas, el CPC solicitó implementar esquemas de transparencia proactiva con datos abiertos, que permitan conocer el avance de licitaciones, ejecución de obras y documentación clave para la supervisión social.
También demandaron informar sobre el estado que guardan los créditos previamente contratados, particularmente en relación con la reactivación económica, las 36 obras programadas en 20 municipios y el programa emergente para la compra y comercialización de hasta 500 mil toneladas de maíz, rubros en los que organizaciones sociales han señalado posibles inconsistencias y cambios sin justificación clara.
Por su parte, Raquel Sapien advirtió que sin transparencia y rendición de cuentas se abre la puerta a la discrecionalidad y a posibles faltas administrativas o actos de corrupción.
“La buena administración pública debe basarse en legalidad, eficiencia, honradez y rendición de cuentas; si esto no se cumple, no se protege el interés público”, señaló.
Finalmente, el CPC expresó su preocupación por la posible politización de las obras en un contexto preelectoral y propuso que la sociedad civil, colegios profesionales y cámaras empresariales participen en la definición de los proyectos, con el objetivo de asegurar que cada peso invertido genere el mayor beneficio social posible y no responda a intereses políticos.
Con información de OEM
