Culiacán, Sinaloa.- Tras años de reclamos ciudadanos, el Congreso de Sinaloa abrió la puerta a una reforma que busca terminar con una práctica considerada injusta por miles de afectados: que las víctimas de robo de vehículo tengan que cubrir los costos de grúas, corralones y trámites para recuperar sus automóviles.
La diputada Paola Gárate presentó una iniciativa que plantea que estos gastos sean totalmente eliminados cuando la persona afectada haya presentado la denuncia correspondiente.
La propuesta surge en medio de un repunte en la incidencia de este delito ya que se han registrado más de 8 mil denuncias de septiembre del 2024 a la fecha.
La propia diputada fue víctima de un robo a vehículo en octubre pasado.
Lo inédito de la propuesta es que, por primera vez en más de un año de trabajo legislativo, todas las fuerzas políticas —PAS, PAN, PT, Morena y PVEM— decidieron respaldarla desde el primer momento.
De acuerdo con la legisladora, la carga económica que actualmente recae sobre los afectados se convirtió en un segundo golpe tras el delito, pues muchos deben enfrentar pagos que no provocaron y que surgen después de que la autoridad localiza la unidad robada.
“El Estado no puede seguir generando un daño adicional a quien ya perdió su patrimonio”, advirtió.
La propuesta contempla modificar la Ley de Hacienda estatal y el Código Penal para que quede establecido con claridad que ninguna víctima debe asumir esos costos. El objetivo, explicó Gárate, es evitar la revictimización institucional, un reclamo recurrente entre quienes han atravesado este proceso.
Las bancadas coincidieron en que la medida sería un avance para la protección de quienes sufren delitos patrimoniales, en un estado que continúa registrando altos niveles de robo de vehículo. También destacaron que el Congreso tiene pendiente fortalecer mecanismos de apoyo a quienes ven afectado su patrimonio por hechos criminales.
Con información de OEM
