Periodistas de nota roja y crítica política, los más vulnerables en Sinaloa 2026

Jenny Bernal Arellano, directora del Instituto para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.Jenny Bernal Arellano, directora del Instituto para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

MAZATLÁN, Sinaloa.- Durante el primer trimestre de 2026, periodistas de nota roja y de crítica política se mantuvieron como el sector más vulnerable ante las agresiones registradas en Sinaloa, de acuerdo con el Instituto para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La directora del organismo, Jenny Bernal Arellano, informó que este gremio concentra la mayor parte de las solicitudes de apoyo y medidas de protección, principalmente en municipios como Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato, donde persiste una mayor incidencia de violencia.

En este mismo periodo, el Instituto activó 98 medidas de protección. De estas, siete fueron de urgente protección, 19 correspondieron a medidas de atención, otras 19 se clasificaron como medidas de protección directa y 53 fueron preventivas.

Las personas beneficiadas fueron 12 defensoras y defensores de derechos humanos, así como ocho periodistas, en un contexto donde las agresiones hacia ambos sectores han aumentado desde septiembre de 2024, en medio de la crisis de violencia en Sinaloa.

“Antes de esa fecha estábamos en una media de cuatro o cinco casos por mes y ahora hemos llegado hasta 12 casos por mes, lo que implica que sí ha impactado el nivel de violencia en estos últimos meses”, explicó.

La directora detalló que Culiacán encabeza la lista de municipios con mayor número de incidencias, seguido de Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato, siendo principalmente periodistas de nota roja y de crítica política quienes reportan con mayor frecuencia este tipo de agresiones.

Sobre los presuntos agresores identificados, se informó que corresponden a particulares presuntamente vinculados con actividades criminales, particulares y servidores públicos estatales, principalmente, aunque también se han documentado casos relacionados con funcionarios de otros niveles de gobierno y elementos armados.

Entre las agresiones más recurrentes destacan amenazas, actos de censura, descalificaciones a la labor periodística e intimidaciones en domicilios particulares, además de intentos de robo de vehículo y otros hostigamientos reportados ante el instituto.

Además de las medidas de protección, el organismo mantiene acciones preventivas mediante capacitaciones, acercamientos con gremios y coordinación con distintas dependencias gubernamentales.

“Tenemos interrelación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Vicefiscalía, con la Secretaría de Salud, con varias instituciones gubernamentales para buscar cuestiones de prevención y de atención”, agregó.

Con información de OEM