La fiscalía general de la república (FGR) acusó en un comunicado que jueces de distrito y magistrados federales evidenciaron su “parcialidad e ilegalidad” con lo que terminarían favoreciendo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) quien ha sido señalado por el caso Odebrecht.
“Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos Jueces le otorgó beneficios a Emilio “L”, que artículos expresos de la legislación, le niegan”, se puede leer en el comunicado de las autoridades compartido durante el domingo 24 de septiembre.
Las acciones de magistrados y jueces que favorecen a Lozoya termina perjudicando a las víctimas, el Estado mexicano y Pemex. La FGR señala que cuando se desecharon pruebas se evidencia el actuar de los jueces a favor de Lozoya, dichas pruebas fueron obtenidas con base en Tratados Internacionales y que han sido calificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como legales.
“Cada vez es más evidente la conducta indebida”, se lee al final del breve comunicado de la FGR.
Tribunal desechó pruebas sobre caso Odebrecht-Lozoya: FGR asegura que son legales
Las acciones a las que las autoridades se refieren fueron informadas un día antes, el sábado 23 de septiembre, cuando el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó el desechamiento de las pruebas bancarias que la FGR consideraba importantes para demostrar los más de 10 millones de dólares que Lozoya habría recibido durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Se trata de datos bancarios sobre estados de cuenta de empresas ligadas a Lozoya y comprobantes bancarios de las transferencias presuntamente usada por Odebrecht para sobornar al exdirector de Pemex. Sin embargo, los magistrados determinaron que dicha información fue obtenida sin la autorización de un juez, con lo que se habría violado el secreto bancario.
Mientras que la FGR aseguró que las pruebas fueron obtenidas con base en Tratados institucionales y que “cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Con información de infobae