Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual favoreció al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y podría desembocar en una sanción para el gobierno de Sinaloa de mil 700 millones de pesos; el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, indicó que la problemática surge del gobierno de Quirino Ordaz Coppel por unas auditorías que se realizaron de manera incorrecta.
Explicó que eran dos juicios los que se sostenían, relatando que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa realizó las revisiones fiscales con procedimientos inadecuados.
Señaló que había un convenio de colaboración entre la federación y el estado para otorgar facultades al estado para auditar, pero que no se siguieron los lineamientos planteados, lo que generó un juicio entre el SAT y el gobierno estatal.
«Vamos a abogar por el estado, para que lo que sucedió no nos impacte y no nos afecte en términos económicos. Tenemos una reunión el martes con la titular de auditorías federales que es Rosalinda López,» comentó en entrevista con la prensa.
El funcionario prevé que el Poder Ejecutivo local pueda llegar a un acuerdo con el SAT y evitar que los mil 750 millones de pesos tengan que ser pagados por el gobierno.
Responsables
Revelando más detalles de la problemática, Díaz Vega dijo que se remonta al 2021, fecha en la cual Gabriel García Coppel era el director del SATES, explicó que no se realizaron las auditorías correspondientes de manera adecuada a dos empresas.
Expuso no conocer el nombre de las empresas involucradas, pero anteriormente el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que se trata de Grupo Coppel y Grupo Arhe.
Por otro lado, el funcionario consideró que la responsabilidad recae en quien lideraba el SATES y no realizó las auditorías como debieron ser.
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